Opiniones

Informalidad laboral: un desafío urgente para Chile

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha incorporado ocho nuevas preguntas en la Encuesta Nacional de Empleo, orientadas a medir el empleo informal y se esperan las primeras cifras oficiales para enero del próximo año.

Es menester recordar que el empleo informal alude a aquellos trabajadores que no realizan cotizaciones y que no poseen contrato, por lo tanto, si bien son asalariados, su relación de trabajo, es de derecho o de hecho y no está sujeta a la legislación laboral, ni al impuesto sobre la renta, ni a la protección social o a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo.

Según las últimas cifras 2016 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Chile tiene una tasa de empleo informal de 31,9%, y en Latinoamérica el 47,7% de los trabajadores se encuentran ocupados bajo esa categoría.

De acuerdo con la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social (Ciedess), en su Boletín de Informalidad Laboral a Junio 2017, en las cifras de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE) para el período 2010-2017, se observa que en lo que va de este año existe un promedio de 8.198.264 trabajadores ocupados, de los cuales el 64,0% posee un empleo formal (5.243.166) y el restante 36,0% un empleo informal (2.955.098), de los cuales el 67,3% corresponde a independientes que no cotizan y el restante 32,7% a dependientes con acuerdo de palabra.

Los trabajos informales generan una serie de riesgos para las arcas fiscales, como por ejemplo, el bajo ahorro previsional, dada la precariedad de ingresos, lo que se traduce en que el Estado debe pagar pensión de vejez para subsistencia de aquellos que nunca hicieron un aporte pensando en su jubilación. Igualmente implica un aumento en los gastos de salud, y disminuye la recaudación de impuestos por cuanto el trabajo informal como el comercio callejero, o los servicios de comidas informales entre otros, no tributan y la mayoría de las veces los productos transados en el mercado eluden los impuestos.

En resumen, la informalidad laboral, de la cual tendremos cifras oficiales en enero del próximo año, ya está generando mayores gastos para el Estado en materia de previsión social y la salud, por lo tanto se debería estimar su monto y considerarla en el presupuesto de Nación.

De igual manera, la merma producto de la evasión tributaria, debería ser enfrentada con mayor eficacia, a fin de que estos tributos recaudados puedan generar ingresos a las arcas fiscales, que en parte aportarían para financiar –precisamente- previsión social y salud para los más necesitados. De lo contrario, actividades como la venta de productos y servicios informales, pueden generar una gran carga al Estado que le impida un crecimiento sostenible en el tiempo.

Sergio Urrutia D.
Facultad de Economía y Negocios, U. Central

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